"Al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural. Está hecha por el hombre y puede superarse con la acción de los seres humanos”
Nelson Mandela
Cuando se crearon las Naciones Unidas, hace ocho décadas, los países del mundo no solamente acordaron un mecanismo multilateral para preservar la paz, sino que se comprometieron en el Artículo 1 de la Carta a cooperar «en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos». En consecuencia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el documento de mayor aceptación y aprobación en todo el mundo, promete en su preámbulo «el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias».
Promesas cumplidas en los países europeos
Estas promesas se cumplieron en gran medida en los países europeos, donde la reconstrucción económica, alentada por el Plan Marshall, estuvo acompañada por la extensión de la seguridad social y el acceso universal a la salud y educación. Durante tres décadas, que los franceses llaman los “treinta gloriosos” (años), entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y mediados de los 70, los gastos sociales aumentaron de manera espectacular y la combinación del “Estado de bienestar” con impuestos progresivos a gran escala resultó en crecimiento económico espectacular, como han demostrado las investigaciones de Thomas Piketty y otros.
En ese mismo período, las Naciones Unidas desempeñaron un papel esencial en el apoyo a la autodeterminación de las colonias de estos países, y el número de miembros de la ONU aumentó de 51 a cien en 1960 y a 151 Estados miembros en 1975. Sin embargo, estos países emergentes, herederos de una pesada carga del colonialismo y la esclavitud, donde la mayoría de la población es pobre, no se beneficiaron de la misma manera y empezaron a ser denominados como "tercer mundo", en alusión al "tiers état" de la Francia del siglo XVIII, antes de la revolución.
En un clima de « guerra fría » entre el Este comunista y el Oeste capitalista y tal vez para evitar una revolución similar, Robert McNamara, ex CEO de Ford Motor Co y exministro de Defensa de los Estados Unidos, desde su nuevo cargo de presidente del Banco Mundial hizo en 1973 un dramático llamado a combatir la pobreza, que a su juicio es «una condición de vida tan degradante que insulta la dignidad humana y, sin embargo, una condición de vida tan común que es la suerte de alrededor del 40% de los pueblos de los países en desarrollo. Y nosotros, que toleramos esa pobreza, cuando está en nuestras manos reducir el número de los que la padecen, ¿no estamos incumpliendo las obligaciones fundamentales aceptadas por los hombres civilizados desde el principio de los tiempos?»
McNamara proponía fomentar el crecimiento económico cumpliendo con la promesa de los países ricos de destinar 0.7% de su producto bruto a la cooperación internacional, ampliar las oportunidades de comercio de los países en desarrollo y resolver sus problemas de deuda externa. Además, señalaba que «en la mayoría de los países en desarrollo, las políticas dirigidas a acelerar el crecimiento han beneficiado principalmente al 40% superior de la población y la asignación de servicios públicos y fondos de inversión ha tendido a reforzar esta tendencia en lugar de contrarrestarla.» Al apoyo internacional debían sumarse esfuerzos internos para reducir las desigualdades, en particular mediante reformas agrarias, para lograr la meta de «eliminar la pobreza absoluta para fines de este siglo» (siglo XX).
Cynismo e indiferencia hacia los países del Sur
En ese momento los países llamados «en desarrollo» ya habían aprendido que la duramente conquistada independencia política requería transformaciones económicas para mejorar la situación de sus pueblos. En palabras del presidente chileno Salvador Allende «El sistema actual de relaciones económicas... ha sido un instrumento para explotar los recursos de las naciones más pobres, perpetuando el subdesarrollo " y por ello estos países agrupados en el «Grupo de los 77» impulsaron en las Naciones Unidas la propuesta de un Nuevo Orden Económico Internacional, aprobada en 1975 pero nunca implementada. En 1976 entró en vigor legal el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado actualmente por 174 países, donde se reconoce que «no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos». Los Estados se comprometen a «adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente (…) la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos» que incluyen el derecho al trabajo y a formar sindicatos, a la seguridad social, a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda dignas.
A lo largo de varias décadas los países del Sur propusieron diversas medidas para hacer valer estos derechos y la poner en práctica la obligación legal de los países ricos de cooperar en este esfuerzo. Todos los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, con sede en Paría, a menudo referida por la prensa como “el club de los países ricos”) han ratificado el Pacto, menos los Estados Unidos, que lo firmó, pero nunca ratificó).
McNamara había dicho que “una vez que se comprenda mejor la gran deficiencia del flujo de Ayuda Oficial al Desarrollo, una vez que se comprenda mejor el grado de privación de las naciones en desarrollo, una vez que la pobreza en el mundo menos privilegiado se compare de forma más realista con la gran abundancia del mundo próspero, cuando la población de los Estados Unidos, por ejemplo, comprenda que ellos, con el 6% de la población mundial, consumen 35% de los recursos totales del mundo, no puedo creer que, ante todo esto, los pueblos y gobiernos de las naciones ricas den la espalda con cinismo e indiferencia.”
Sin embargo, esto es exactamente lo que ocurrió. En medio siglo transcurrido desde la promesa formal de dedicar el 0.7% del producto bruto de los países ricos a la asistencia oficial al desarrollo (AOD), estos Estados nunca llegaron, en conjunto, a la mitad de esa cifra. En vez de abrir mercados a los países en desarrollo, la creación de la Organización Mundial de Comercio les impuso onerosas obligaciones de pagar por la propiedad intelectual, incluso de medicinas y vacunas imprescindibles para la vida, y la deuda externa siguió siendo una carga, mientras que las elites del Sur continuaron, con pocas excepciones, con políticas concentradoras del poder y las riquezas.
Una movilización Norte-Sur efímera
Con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, en los años 90 renació la esperanza de que el “dividendo de la paz” que surgiría de la reducción de los gastos militares vueltos innecesarios, finalmente podría producir mejoras en la situación de las mayorías pobres del Sur Global.
En este marco, la Cumbre Social de 1995 en Copenhague fue convocada con la esperanza de convertir las obligaciones legales de los gobiernos hacia el bienestar de los pueblos en compromisos concretos. Superado el conflicto Este-Oeste (o así se pensaba entonces), era hora de trascender la división Norte-Sur y por eso la conferencia se estructuró en tres temas: la pobreza (que afectaba sobre todo a los países del Sur), el empleo (una preocupación en los del Norte) y la “integración social” donde se incluían temas universales, desde las discapacidades a las drogadicciones.
La Sociedad Civil, ampliamente representada en la Cumbre Social por coaliciones nacionales, además de las ONGs internacionales, en alianza con los países del Sur, lograron obtener de la Cumbre pronunciamientos ambiciosos, sintetizados en 10 “compromisos”.
Estos compromisos involucraban a los gobiernos del Norte y del Sur. Las Naciones Unidas requerían de los Estados miembros que informaran de su cumplimiento, y rápidamente se crearon alianzas nacionales de la sociedad civil en decenas de países, con participación de sindicatos, organizaciones ambientalistas, de mujeres, de discapacitados y de derechos humanos. Sus observaciones y pedidos de rendición de cuentas eran canalizados a las Naciones Unidas por coaliciones como Social Watch.
Sin embargo, esta causa común de pueblos y gobiernos del Norte y del Sur contra la pobreza en todas partes no duraría mucho. Los países miembros de la OCDE, siempre dispuestos a aconsejar políticas a los países más pobres, se mostraron reacios a informar ante la ONU sobre la pobreza y los problemas sociales en sus propios territorios. Algunos ministros llegaron a argumentar que la cooperación internacional sufriría por la exigencia de atender los problemas domésticos primero, ignorando la realidad política que los defensores de las políticas sociales dentro de los países ricos son las mismas fuerzas que también defienden la cooperación internacional, y proponen que ambos debieran financiarse con impuestos progresivos y menos gastos militares.
En el año 2000, durante la misma reunión de la Asamblea General de la ONU en Ginebra que evaluaba los resultados de la Cumbre Social cinco años después, la OCDE, El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lanzaron, en conjunto con la ONU, un documento denominado “Better World for All” que proponía seis objetivos para la cooperación internacional.
En conferencia de prensa las ONGs tiraron simbólicamente esta propuesta que apodaron “Bretton Woods for All”1 a una papelera, porque rebajaba la ambición de la Cumbre Social, desconocía las desigualdades e ignoraba la pobreza en los países del Norte.
Países en desarrollo atrapados
Ante el obvio incumplimiento de la meta de erradicar esta pobreza “a fin de siglo”, las nuevas “metas del milenio”, comprometieron a los jefes de Estado firmantes a “reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre». Esta línea de lo que ahora se denominaba “pobreza extrema” era entre 10 y 30 veces inferior a las líneas de pobreza en los países de la OCDE, de manera que a éstos nada se les exigía en lo interno y su rol se reduciría a apoyar a los menos favorecidos. Las Metas del Milenio no comprometieron ningún esfuerzo para reducir desigualdades y, además, los expertos estadísticos del Banco Mundial impusieron la interpretación que lo que había que reducir a la mitad eran los valores de 1990, no los del año dos mil. Como China ya estaba embarcada desde el año 1990 en su gran campaña de reducción de la pobreza y el número de pobres en China era el grueso de la población mundial bajo la línea de un dólar, ¡estadísticamente la meta ya estaba prácticamente alcanzada antes de comenzar la carrera!
La idea de que estos objetivos concretos y alcanzables harían que los países ricos acrecentaran su contribución al comprender su eficacia no se tradujo en ningún aumento tangible de la cooperación internacional. En su libro «The Divide» («La Brecha») el antropólogo Jason Hickel concluyó en 2014 que «Los países en desarrollo pierden 3 billones de dólares anuales en salidas netas hacia las naciones ricas, 24 veces más que la ayuda recibida. Los programas de ajuste estructural (promovidos por el FMI y el Banco Mundial) revirtieron las políticas a favor de los pobres, atrapando a las naciones en la deuda y la pobreza "
Recién en 2015, cuando los jefes de Estado aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, (ODS) como parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se recuperó el compromiso de “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” (ODS 1) y de “reducir la desigualdad en y entre los países» ODS 10, entre otros objetivos sobre salud, educación, protección ambiental e igualdad de género.
Un contexto general desolador
Ahora, a tres décadas de la Cumbre Social, las Naciones Unidas han convocado a una nueva Cumbre Social para noviembre de 2025, pero el panorama no podría ser más desolador.
Todos los expertos coinciden en mostrar un cuadro de retroceso generalizado en los indicadores sociales, como resultado de la pandemia de Covid-19 y las crisis múltiples de la deuda, el cambio climático y los conflictos armados.
Según el Banco Mundial, la pobreza extrema. medida ahora con la línea actualizada de $2,15 diarios, afecta a 700 millones de personas y al ritmo actual la meta de su erradicación para 2030 está "fuera de alcance", y requiere al menos tres décadas más.
Por su parte, la medida de “pobreza multidimensional” adoptada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informa que 1,100 millones de personas sufren carencias críticas en salud, educación y calidad de vida. De ellos, 455 millones viven en países afectados por conflictos, donde la tasa de pobreza es tres veces mayor que en naciones estables. En Afganistán, por ejemplo, la pobreza multidimensional crítica alcanzó al 64.9% de la población en 2022/23.
Es paradójico que los países más pobres, que son los que queman menos combustibles fósiles y menos han contribuido al cambio climático son los que más sufren sus efectos. Y, sin embargo, la ayuda prometida por los países ricos para mitigar los efectos no aparece y la asistencia oficial al desarrollo está siendo recortada por los principales donantes. Los países desarrollados se negaron, además, a incluir en la Agenda de Naciones Unidas la creación de mecanismos legales que permitan solucionar las crisis de deuda de manera equitativa entre deudores y acreedores.
Con éxitos en el Sur
En este contexto, ¿es acaso posible reducir la pobreza en los países del Sur Global? La respuesta es que sí se puede y no es ningún misterio cómo hacerlo.
China muestra, sin duda, el mayor éxito en reducción de la pobreza en la historia, con 750 millones de personas que salieron de la pobreza extrema entre 1990 y 2015. China rechazó aplicar las políticas de ajuste estructural recomendadas por el FMI/Banco Mundial y basó su campaña en la Inversión pública en infraestructura y manufactura exportadora. En la fase final, dos millones de asistentes sociales trabajaron para identificar las causas de pobreza persistente y diseñar soluciones adecuadas y duraderas. El desafío actual es la persistencia de desigualdades, con 373 millones de personas que ganan menos de $5,50 por día.
En India: la inversión masiva en capacidades básicas redujo el Índice de Pobreza Multidimensional de 55.1% (2005/2006) al 16.4% (2019/2021) mediante programas de empleo garantizado por el Estado, seguridad alimentaria (National Food Security Act), expansión de saneamiento (Swachh Bharat Mission), y acceso a energía limpia, complementados con transferencias directas.
Vietnam, Indonesia y Camboya han reducido la pobreza mediante industrialización controlada, diversificación económica y protección social. Camboya, por ejemplo, bajó su pobreza multidimensional del 36.7% al 16.6% entre 2014 y 2022, incluso durante la pandemia, gracias en gran medida a la expansión del turismo y los textiles como motores económicos y a programas de protección social para pequeños agricultores.
En Indonesia la diversificación económica y la protección social rural llevó a 8 millones de personas a superar la pobreza entre 2012 y 2017. Los microcréditos para la agricultura y las pequeñas y medias empresas y los subsidios eléctricos en zonas rurales fueron las principales estrategias.
En Uruguay la pobreza, medida por ingresos necesarios para adquirir una canasta básica, se redujo de 40% de la población en 2004 a 13% en 2012, mientras que la indigencia que era de 5% prácticamente desapareció en ese período. Eso fue el resultado de una política de formalización del empleo (incluso para trabajadores rurales y domésticos), negociaciones salariales tripartitas (empleados, empleadores y el Estado), universalización de la salud y educación y extensión de la protección social. Uruguay tiene la mejor distribución del ingreso en la región, que es la más desigual del mundo, pero persisten las desigualdades con mayores niveles de pobreza entre los niños, las mujeres jefas de hogar y los afrodescendientes.
Mientras tanto en Argentina, la pobreza que había llegado a afectar el 65% de la población durante la crisis económica de 2001, fue reducida al 27% durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se negaron a aceptar las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, y luego subió al 55% en 2024 como consecuencia de las drásticas medidas de austeridad impuestas por el gobierno «libertario».
Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU-Mujer lo resume así: "Las opciones políticas alimentan la pobreza: La Infra inversión en protección social, la fiscalidad regresiva y la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados mantienen los ciclos de privación.”
Una solidaridad internacional inexistente
La reducción de la pobreza es posible, pero en el mundo real es más la excepción que la regla y los progresos parciales en muchas partes sufrieron graves reveses con la pandemia. Covid-19 mostró claramente que los países con sistemas universales de salud y seguridad social respondieron mejor que aquellos con sistemas privatizados de salud y altas tasas de informalidad. En la mayoría de los países en desarrollo, las desigualdades crecieron, los millonarios se hicieron más ricos mientras que las mujeres sobrecargadas por mayores demandas de cuidados se endeudaron y empobrecieron.
La solidaridad internacional estuvo ausente. Los países ricos se dedicaron a acaparar vacunas en vez de compartirlas con quienes más las necesitaban y, además, utilizaron las normas de propiedad intelectual para extraer ganancias inauditas para las grandes empresas farmacéuticas y prohibir a los países en desarrollo que fabricaran sus propias vacunas. La digitalización, promovida como la posibilidad de un “salto al desarrollo” ha concentrado más poder y riqueza en un puñado de “plataformas digitales” que no sólo se enriquecen con mensajes de odio canalizados por las redes sociales, sino que además informalizan el trabajo y ayudan a evadir impuestos, obstaculizando por ambos lados las políticas de protección social.
Los reclamos del Sur han subido de tono ante estas injusticias, pero lo que observan como respuesta es el crecimiento de los gastos militares de los países desarrollados y un desdén o desinterés por sus iniciativas, como la propuesta del presidente brasileño Lula da Silva de subir los impuestos a los billonarios o la propuesta africana de una convención sobre impuestos en el marco de las Naciones Unidas que les permita recuperar algo de sus recursos naturales explotados por empresas extranjeras.
Como resume Rebeca Grynspan de la UNCTAD: "Los recursos financieros salen de los países que más los necesitan [...] un fallo sistémico que afecta a miles de millones".
Reforzar los vínculos Sur-Sur
La buena noticia es que ante la intransigencia de los países del G7 y las instituciones internacionales que éstos controlan, los países del Sur Global están gradualmente fortaleciendo sus propios bancos de desarrollo, vínculos comerciales Sur-Sur, y mecanismos de pago que evitan utilizar el dólar, todo lo cual amplía un poco el “espacio político” para los gobiernos que decidan combatir la pobreza de su gente. Medido en dólares ajustados por su poder adquisitivo, el producto bruto total de China ya es superior al de Estados Unidos y el de los BRICS+ (Brasil, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Rusia y Sudáfrica) es superior al de la Unión Europea y los Estados Unidos combinados.
El ingreso per cápita promedio de estos países es un décimo del de Europa o los Estados Unidos, pero el ingreso de Alemania y los países escandinavos cuando comenzaron a generar sus sistemas de protección social a fines del siglo XIX y comienzos del XX era similar al ingreso actual de Marruecos y más bajo que el de Bolivia o Guatemala. Aun sin unanimidad o apoyo internacionales, y sin despreciar los múltiples obstáculos, es mucho lo que los países del Sur Global pueden hacer con sus propios recursos, si existe la voluntad política de hacerlo.
El secreto para erradicar la pobreza, entonces, no está en confiar como McNamara en que el Norte Global se comporte alguna vez como “hombres civilizados”, ni en esperar a que el pastel crezca para redistribuir, sino que la justicia social, comenzando por la erradicación de la pobreza, es la levadura indispensable que hará que el pan de cada día sea una realidad para todos.